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Aviones, buques de guerra, material antidisturbios, rifles, obuses, cañones, morteros, armas contracarro, lanzaproyectiles, lanzallamas, bombas, torpedos, granadas, botes de humo, cohetes, minas, misiles, visores, gases lacrimógenos. España ha autorizado en un año y medio la venta a al menos 17 países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos o donde existe un conflicto latente o permanente. Sri Lanka, Tailandia, Marruecos o Guinea Conakry son algunos ejemplos que organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam o Fundación per la Pau han definido como
“muy preocupantes” en un documento de análisis.
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El Gobierno autorizó la exportación a países convulsos como Sri Lanka, Colombia o Guinea Conacry
Las operaciones se deciden en una comisión del Ministerio de Comercio donde también está el CNI
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Paso atrás.
¿Cómo funciona la venta de armas? ¿No obedece al libre mercado? No solamente. La fabricación de armamento y la negociación con sus compradores sí corresponde a empresas privadas, pero la venta solo se produce con autorización directa del Gobierno.
Existe una comisión, cuyas deliberaciones son secretas y cuyas decisiones se conocen hasta con un año de retraso, que depende del Ministerio de Industria y Comercio (no del de Defensa; no del de Exteriores) y donde también se sienta el director de Inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además de otros altos representantes de Interior o Defensa.
Las organizaciones de derechos humanos habían “acogido con satisfacción” la ley de 2007 que regulaba la venta de armamento porque, entre otras cosas,
el artículo 8 explicita en qué casos se deben rechazar los acuerdos. Sin embargo, si ponemos el texto de ese artículo 8 junto al balance de operaciones realizadas, asoman las contradicciones. La ley deja claro que no se autorizará las exportaciones de armas
“cuando existan indicios racionales de que…”
(…) perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, (…)
Las empresas españolas han ganado 15 millones de euros, con autorización del Gobierno, en la venta de armas “de caza” y munición a
Ghana. Las organizaciones sociales consideran que hay un “preocupante desfase” entre las estadísticas oficiales y los registros aduaneros y temen que las armas exportadas a Ghana puedan terminar en países vecinos con altísimo riesgo de una escalada de violencia, como Nigeria, Níger o
Togo.
(…) puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, (…)
El caso de Sri Lanka es el que más escandaliza a las ONG. En mayo de 2009, la ofensiva militar final del Gobierno contra la insurgencia tamil dejó por el camino siete mil civiles muertos y trece mil heridos, ejecuciones, torturas, reclutamientos forzoso y violencia sexual. “Esto es con diferencia lo más atroz que he visto”, dijo el secretario General de la ONU Ban Ki-moon cuando visitó algunos de los campos de los cientos de miles de refugiados. La eclosión de violencia en Sri Lanka no ocurrió de la noche a la mañana, pero el comercio de armas de España con este país no se detuvo hasta mayo. De enero a mayo, España autorizó 1,1 millones de euros en exportaciones de “bombas, torpedos, cohetes y misiles” a Sri Lanka.
“No tiene sentido solo cesar las autorizaciones de las exportaciones cuando hay una ofensiva grave y mediatizada”, denuncian las ONG, “sin haberse cuestionado anteriormente el haber alimentado durante años el conflicto con exportaciones de material de defensa”.
Soldados de la junta militar de Guinea Conakry, uno de los destinos más "preocupantes" del armamento fabricado en España
España autorizó en los primeros meses de 2009 la venta de armas y cartuchos de escopeta por valor de 2,4 millones de euros a
Guinea Conakry, donde en 2008 hubo un golpe de Estado condenado por toda la comunidad internacional, incluída la Unión Africana, con
masacres que se cebaron especialmente con brutalidad contra las mujeres. En septiembre de 2009, con parte de las armas españolas ya en circulación, la policía mató a 150 personas en una manifestación, que obligó a la UE a suspender la venta de armas a este país. Para las organizaciones sociales, España y otros países han hecho “caso omiso del
preocupante historial de las fuerzas de seguridad guineanas, que ha empeorado si cabe desde el golpe de estado de 2008″.
(…) puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna (…)
En periodismohumano
hemos podido leer esta misma semana casos de represión en Marruecos, uno de los grandes compradores de armas a España, en su permanente conflicto con el Sáhara Occidental. El reino de Mohamed VI compró a empresas españolas armas, aviones y munición por valor de 145 millones de euros entre enero de 2008 y junio de 2009.
Lo mismo ocurre con
Tailandia y
la lucha de poder en sus calles que estamos contando en El gran juego, a la que las empresas españolas vendieron 50 millones de euros en aeronaves. O con
Indonesia o
Malasia, donde se ha documentado “numerosos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. O con
Cuba, donde han ido a parar 0,5 millones de euros en materiales antidisturbios.
(…) o en situaciones de violación de derechos humanos”
Colombia es uno de los países más críticos en opinión de las organizaciones de derechos humanos. “Todas partes implicadas en el conflicto colombiano – fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros – son responsables de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, según su análisis. España envió a Colombia bombas, torpedos y aviones, cohetes, misiles, aviones por valor de 142 millones de euros en 2008. En la primera mitad de 2009 consta la venta de un avión valorado de 31 millones.
El análisis también pone el foco sobre las empresas privadas que
Estados Unidos contrata para descargar de trabajo y riesgos a sus soldados y que han sido muy criticadas tanto dentro como fuera de su propio país. La más importante,
Blackwater, hasta se ha tenido que cambiar el nombre y ahora se llama Xe Services. Las organizaciones exigen saber si esas subcontratas usan armas españolas y si Estados Unidos las revende. En la lista de países “preocupantes” están también y por diferentes motivos Turquía, Pakistán, Angola, Irán, Sudán o Israel.
Lo que piden las ONG en todos estos casos es garantías: que se explique en qué se ha basado España para decidir que todas esas operaciones no debían ser rechazadas. Que se dé detalle sobre qué compra-ventas han sido desautorizadas, algo que actualmente queda en secreto. Que se explique en qué informes o fundamentos internacionales se asientan las decisiones, ya que la propia ley establece que para tomarlas “se tendrán en cuenta la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos”.
¿Cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas?
El 27 de enero de 2009, en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted, el presidente del Gobierno de España contestaba sobre la venta de armamento a Israel: “Es absolutamente insignificante el volumen de ventas [a Israel], que no llega o pasa de un millón de euros (…) Estoy convencido de que nuestros componentes no se han utilizado para eso [matar palestinos] Nuestro Gobierno ha hecho de la lucha por la paz y la seguridad en muchos países del mundo una acción permanente”. Al consultarse los datos definitivos de 2008, meses después, se comprueba que España había exportado a Israel 2,5 millones de euros en armas, bombas, torpedos, cohetes, misiles, sistemas de dirección de tiro, aeronaves o equipos electrónicos. Sin embargo, durante los primeros 6 meses de 2009, tras la invervención de Zapatero en este programa, la operación más importante de venta a Israel autorizada por España es la venta de ordenadores a Israel por valor 0,8 millones.
Juan Luis Sánchez-PeriodismoHumano
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